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Ante todo, la empresa tiene que tener un conocimiento de la probabilidad de que ocurran las contingencias a asegurar. A través de esa información, podrá estimar el importe de las prestaciones que, en condiciones normales, tendrá que desembolsar cada año. Por ese motivo, las compañías de seguro, antes de formalizar un contrato, tratan de identificar el grado de riesgo efectivo de cada una de las personas y su patrimonio que son susceptibles de asegurar. Tratan así de evitar el problema de la <<selección adversa>>, es decir, la mayor inclinación a asegurarse de las personas con mayores riesgos. Este problema se presenta cuando, por la asimetría en la información (la persona solicitante del seguro tiene más información sobre su situación de riesgo que la aseguradora), existen distintos tipos de personas atendiendo al riesgo o probabilidad con que se registrará cierta contingencia, y los potenciales aseguradores no pueden distinguirlos entre sí.

Otro aspecto que deben tener presente las compañías de seguros es si el importe de las primas cobradas permite cubrir el importe de las prestaciones correspondientes a las contingencias, además de atender sus gastos de estructura y funcionamiento y de obtener un beneficio empresarial. En términos generales, la prima de un seguro debe ser igual a la prestación que habría que pagar si se produce la contingencia por la probabilidad de que ésta se produzca, más los gastos comerciales y de estructura de la compañía de seguros. Pero el equilibrio actuarial no se produce póliza a póliza. Cuando se aseguran grandes colectivos, la probabilidad teórica previa se ajusta a la frecuencia real de presentación de la contingencia sobre el colectivo total.

De una manera resumida, éste es el fundamento para la existencia de contratos de seguro y los aspectos básicos por los que se rige la oferta y la demanda de los mismos.