Estas entidades, que deben ser autorizadas por el Ministerio de Economía prestan y ejecutan determinados servicios de pago tales como: transferencias, adeudos domiciliados, ejecución de operaciones de pago a través de tarjeta, etc. No obstante, a las EP les está vetada la posibilidad de captar depósitos u otros fondos reembolsables al público, así como emitir dinero electrónico.

Su supervisión corre a cargo del Banco de España.